• Varios países africanos están explorando la minería de Bitcoin respaldada por el Estado como una forma de monetizar el excedente de energía y construir reservas estratégicas de activos digitales.
  • Kazajistán ha introducido un marco que exige a los mineros industriales aportar parte de su producción de Bitcoin a una reserva nacional de criptomonedas planificada.
  • Este cambio refleja una tendencia más amplia de los gobiernos que tratan la minería de Bitcoin como una estrategia de gestión energética y de reservas, más que como una industria puramente privada.

Los gobiernos africanos están evaluando cada vez más la minería de Bitcoin respaldada por el Estado como una herramienta para monetizar recursos energéticos subutilizados, siguiendo una tendencia global más amplia que ahora incluye el nuevo marco aprobado por Kazajistán, que vincula la minería industrial directamente a una reserva soberana de criptomonedas.

La ventaja energética de África capta la atención

Varios países africanos poseen abundantes recursos hidroeléctricos, geotérmicos y de gas natural que permanecen parcialmente subutilizados por la limitada infraestructura de transmisión o la baja demanda doméstica. En lugar de dejar inactiva la generación excedente, los responsables de políticas están considerando cada vez más la minería de Bitcoin como una forma de convertir la electricidad estancada en activos digitales.

Este enfoque ha cobrado impulso a medida que los gobiernos buscan nuevas fuentes de ingresos, diversificar las reservas nacionales y atraer inversión en infraestructura sin depender exclusivamente de la exportación de materias primas.

Aunque los marcos regulatorios varían en todo el continente, el objetivo común es transformar el excedente energético en activos económicos productivos.

Kazajistán ofrece un nuevo modelo

Kazajistán se ha convertido en uno de los últimos países en formalizar esta estrategia.

Bajo la Resolución Gubernamental N.º 638, las empresas de minería industrial aprobadas recibirán cuotas eléctricas garantizadas a tarifas reguladas mediante acuerdos por 10 años. A cambio, los participantes deben aportar el 10% de las criptomonedas minadas –después de los costos de electricidad y entrega– al fondo autónomo del clúster Astana Hub.

Estos activos digitales serán luego gestionados en fideicomiso por la National Investment Corporation, bajo el National Bank of Kazakhstan, para respaldar la planeada National Strategic Crypto Reserve del país.

La participación está restringida a operadores a gran escala que cumplan con estrictos requisitos de infraestructura, incluyendo al menos 150 MW de capacidad de centro de datos, equipos de minería de alta eficiencia, conectividad a Internet redundante, auditorías independientes anuales y cumplimiento tributario total.

El marco integra la minería industrial directamente en la política nacional de reservas, en vez de tratarla únicamente como una actividad comercial.

Los gobiernos minan cada vez más Bitcoin

Kazajistán se suma a un creciente grupo de gobiernos que utilizan recursos energéticos locales para acumular activos digitales.

Bután sigue siendo el ejemplo más conocido, ya que ha construido una considerable tesorería soberana de Bitcoin mediante minería hidroeléctrica estatal. El Salvador sigue expandiendo la minería geotérmica junto con su estrategia nacional de reserva de

Bitcoin, mientras que Emiratos Árabes Unidos ha promovido la minería industrial a través de asociaciones energéticas vinculadas al Estado. Pakistán también ha avanzado en políticas para integrar los activos digitales en su estrategia económica más amplia.

Estimaciones del sector sugieren que entre 10 y 13 países ahora operan o apoyan alguna forma de minería de Bitcoin vinculada al Estado.

Para muchos gobiernos, la minería de Bitcoin es vista cada vez menos como una actividad especulativa y más como un método alternativo de monetizar el excedente eléctrico, especialmente donde exportar energía o expandir el consumo interno sigue siendo económicamente desafiante.